En muchos países latinoamericanos, conceptos como vigilancia o auditoría social se han hecho cada vez más frecuentes  en el vocabulario de la sociedad civil organizada además de las instituciones privadas o estatales. Esta tarea - que antes se delegaba a los expertos- hoy se extiende a los actores que pueden sentir en forma más directa el impacto del comportamiento económico de los estados, empresas y sus respectivas representaciones locales. La tarea de vigilar las políticas sociales – como la educación o la salud – y  el gasto social, sin embargo, no puede reducirse a actividades de control sino y sobre todo, a una forma de involucramiento de los ciudadanos y ciudadanas en la toma de decisiones que afectarán sus vidas, positiva o negativamente.