Vigilancia o Auditoría Social: Un derecho ciudadano para velar por la calidad de las políticas sociales

En muchos países latinoamericanos, conceptos como vigilancia o auditoría social se han hecho cada vez más frecuentes  en el vocabulario de la sociedad civil organizada además de las instituciones privadas o estatales. Esta tarea - que antes se delegaba a los expertos- hoy se extiende a los actores que pueden sentir en forma más directa el impacto del comportamiento económico de los estados, empresas y sus respectivas representaciones locales. La tarea de vigilar las políticas sociales – como la educación o la salud – y  el gasto social, sin embargo, no puede reducirse a actividades de control sino y sobre todo, a una forma de involucramiento de los ciudadanos y ciudadanas en la toma de decisiones que afectarán sus vidas, positiva o negativamente.

Por Marita Orbegoso Alvarez
Consultora del Proyecto Gestión del Presupuesto Educativo en América Central (GIZ)

Ya en el año 2002, la Mesa de Concertación de Lucha contra la Pobreza en el Perú, indicaba:

"De alguna manera el concepto de vigilancia complementa el de fiscalización que es una atribución institucionalizada en la división de poderes del Estado, al abrir un canal a la sociedad civil para ejercer una labor de seguimiento más específico sobre el cumplimiento o no de acuerdos, compromisos, decisiones que el Estado ha asumido.Constituye un canal de participación, no excluye ni reemplaza otros canales, los complementa y permite ejercer una función en la que el control se combina con una acción más propositiva" (García Bedoya, Vigilancia y participaciónn social -Mesa de Concertación para la Lucha Contra la Pobreza. p. 2)

Algunos Ejemplos por compartir

Este camino no es reciente y vemos que los términos se usan indistintamente. En Perú o Colombia se habla de vigilancia y en América Central, de auditoría. En cualquier caso, se comparte el valor de esta práctica como un derecho de los ciudadanos y ciudadanas a participar y velar por la calidad de los servicios, superando la visión de secreto de la administración pública o privada.

Cuando hablamos de una perspectiva más propositiva que de control, podemos remitirnos a algunos ejemplos interesantes. En la sierra norte del Perú, son memorables los procesos de presupuesto participativo promovidos por dos alcaldes piuranos a fines de los noventa: Carlos López en Santo Domingo y Maximiliano Ruiz (Maqui) en Morropón. Ellos tomaron a su vez esta buena práctica del Brasil, que ya aplicaba esta herramienta en varios municipios liderados por el Partido de los Trabajadores. Apenas instaurada la regionalización en el Perú, estas iniciativas ya se habían extendido en el país y tomaron forma de políticas de estado, con reconocimiento legal. Aun con dificultades técnicas, han resultado una herramienta muy últil para promover la participación ciudadana y dar mayor legitimidad a las autoridades políticas a la hora de impulsar o priorizar proyectos muncipaples y regionales.

No sorprende que estas prácticas de participación política y social hayan nacido en el seno de comunidades rurales pequeñas. Pasando al terreno de la educación, existen otros ejemplos interesantes de organizaciones de base impactando en la política social. En los municipios de La Paz, Yarula, San Pedro de Tutule y Aguanqueterique de Honduras, por ejemplo, se buscaba mejorar la calidad educativa. Todos sabemos la importancia del papel que juegan los maestros en este proceso. Dada las tremendas irregularidades en las escuelas de estos municipios, la población organizada decidió sincerar la situación existente. Para ello, aplicaron una herramienta denominada “Lista de Docentes”. El objetivo de esta herramienta era mejorar la calidad educativa verificando la lista de maestros presentes, las horas de trabajo dedicadas, las materias que impartían y organizar las matrículas existentes por criterios. Este trabajo se realizó luego de un proceso de capacitación de varios actores como los padres de familia en los municipios mencionados. Los hallazgos permitieron identificar necesidades y recomendaciones para el mejor funcionamiento de los centros educativos involucrados. Pueden encontrar en el AULA de nuestro portal un documento que sistematiza esta experiencia, y que podría animar a otras organizaciones a replicarlas en sus respectivas zonas.

Una iniciativa aun más especializada es la que realiza el Programa EUROsociAL de la GIZ orientado al análisis, seguimiento e intercambio de buenas prácticas y estrategias de gestión de las políticas sociales (educación, salud, justicia, seguridad y fiscalidad) que favorecen la cohesión social. Al respecto recomendamos la lectura del Informe del 2009: Políticas de Financiación que favorecen la cohesión social, basado en el análisis de 3 países: Argentina, Chile y Costa Rica, también en el AULA de nuestro Portal.

Tomando en cuenta esos ejemplos, la vigilancia o auditoría social, por ello, puede entenderse como un derecho de cualquier ciudadano a estar informado sobre los gastos públicos orientados a un servicio social y a poder vigilar convenientemente esos procesos para proponer cambios en su conducción o priorización.

Vigilancia Ciudadana en las Calles de Chile

Y la vigilancia está también en las calles. América Latina sigue protagonizando iniciativas de organización y lucha en las calles, demandando especialmente una mayor responsabilidad del estado en el manejo de las políticas sociales, sobre todo en la educación. El caso chileno, ciertamente, es el que muestra mayores niveles de articulación socio-política e internacionalización.

La prensa escrita y los medios virtuales están dando amplia cobertura a estos incidentes que ya llevan casi un año de protestas. Ha llamado la atención, sobre todo, por tratarse de un país que había respondido disciplinadamente a las demandas del mercado y las privatizaciones. Hoy en día el rechazo es total, expresado en las protestas y el quiebre de las negocaciones que el gobierno ha querido impulsar. Léase la negativa al Acuerdo GANE y sus 4 ejes: la creación de un Fondo para la Educación (FE); mejorar el acceso y calidad del financiamiento a los estudiantes con más becas y créditos más económicos; mejorar los sistemas de admisión, acreditación, información y fiscalización del sistema universitario, impulsando para ello la Subsecretaría y Superintendencia de Educación Superior; y por último, definir una nueva institucionalidad para el sistema universitario, diferenciando planteles estatales, tradicionales no estatales y privados no tradicionales. (Propuesta del Gobierno, en julio de 2011)
 
Como han indicado diversos medios académicos y sociales, el tema no es solo financiero, sino un reclamo por más participación y equidad.

La privatización de la educación chilena tiene larga data y con el tiempo, el descontento y la imposibilidad de salir adelante sin endeudarse, es lo que ha llevado a los jóvenes a las calles. Los economistas de la educación chilena indican en un interesante espacio de opinión de El Mostrador:

"Los pagos de aranceles, matrículas y gabelas a los estudiantes de educación superior alcanzaron el 2009 un nivel equivalente a la mitad de todos los impuestos a la renta recaudados ese mismo año a todas las personas pudientes y todas las empresas del país, incluidas las del cobre. La carga actual sobre las familias para financiar la educación superior es insoportable y sencillamente hay que reducirla. Actualmente el gasto público en educación alcanza a 4,4 por ciento del PIB según la Dirección de Presupuestos (DIPRES)". (Diario El Mostrador, 29 de julio 2011.)

Por otro lado, siguiendo el estudio de EUROsociAL que mencionamos anteriormente, podemos decir que en el caso chileno, la participación ciudadana, es una tarea pendiente. De este modo, se viola el principio de cohesión social y por lo tanto, promueve altos niveles de polarización en la sociedad:
"Los desencantos identificados demandan políticas consecuentes y articuladas a otros sectores y al modelo global de desarrollo. La educación –incluso con más y mejor asignación de recursos- no alcanza sin alianzas estratégicas para lograr efectos en un horizonte de cohesión social". (Informe EUROSOCIAL, Políticas de Financiación que favorecen la cohesión social .- 2009- p.104).

Perspectivas

Tanto los estudiantes organizados, quienes han llegado a Europa y a instancias como la UNESCO, como la sociedad académica, han indicado que la educación chilena debe volver a ser pública en su sentido amplio. El presidente Piñeira se resiste indicando que la estatización de la educación sería un retroceso. Otros actores proponen salidas de consenso basadas en acuerdos democráticos y de equidad.

El reciente informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico OCDE del 12 de octubre de 2011)  señala que Chile se encuentra en  muy mala posición respecto a indicadores de bienestar, El Diario El Mostrador, el mismo día de la publicación de dicho informe, remarcaba:

Chile aparece en la última posición en ingresos (0) y en calidad medioambiental (0) y tiene malos resultados en relaciones sociales (3,4), seguridad (3,4), vivienda (3,9) o educación (4,2). La otra cara de la moneda es el empleo (6,5) y la satisfacción personal (6,1).

Manuel Riesco, uno de los analistas económicos más citados por algunas fuentes, en concordancia al informe de la OCDE, subraya la pertinencia de las siguientes recomendaciones:

1.    en el caso de las universidades, se sugiere que la mayor parte del financiamiento vaya a aquéllas con sentido público y que no tengan fines de lucro; que promuevan el acceso sin disciminaciones y den prioridad a los estudiantes de sectores populares, garantizando una particiapción democrática y con salarios adecuados a sus docentes.
2.    En el caso de la educación superior técnica, un camino adecuado es el sugerido por la la comunidad académica: extender el modelo del único centro público: Lota-Arauco con un 7% de l gasto educacional – para duplicar la cobertura de educación superior del país.
3.    En cuanto a la educación básica y media, todos conocen la solución: no continuar con la municipalización y reconstruir un servicio nacional de educación
    (Fuente:http://mriesco-crisis.blogspot.com)

Finalmente, ¿qué podemos decir sobre la situación actual? Siempre hay la opción de ser testigo o protagonista de algunos procesos sociales. El caso chileno se muestra como un buen experimento de lo que va ocurriendo en el continente y son/somos los/as maestros y maestras quienes pueden/podemos concretar mejor determinados cambios sociales y políticos. Con este deseo, les anunciamos la realización del próximo Debate Pedagógico de nuestro Portal al que hemos denominado Vigilancia Social de la Educación como derecho: a propósito del caso chileno. Esperamos con ello, contribuir a la reflexión y pistas de acción sobre lo que acontece en la educación de nuestro continente.